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La Ley Villalta… Legislación del Latrocinio

Publicado en el periódico
El Universal
México, DF
Agosto 13, 2012

La ley Villalta… legalización del latrocinio
13-agosto-2012

En todos los países (en unos más y otros menos), la piratería sobre productos culturales como, DVD´s de películas comerciales, CD´s de música, libros y software, es tolerada.
En México hay una larga lucha de las cámaras industriales de cada uno de estos sectores por proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores de estos productos, lo cual no ha fructificado por la indiferencia de las autoridades responsables de proteger este derecho de propiedad.
Sin embargo, nunca se había dado el caso, (que se sepa por lo menos), que desde el Congreso se pretenda legalizar este despojo, como puede suceder ahora en Costa Rica.
El diputado José María Villalta Florez-Estrada, legislador federal de Costa Rica del Partido Frente Amplio impulsó una ley propuesta por un exdiputado de su mismo partido, -José Merino-, quien plantea “proteger el derecho a la educación, de los excesos cometidos en las leyes de propiedad intelectual y garantizar el derecho de estudiantes y profesores a fotocopiar textos (sin ningún tipo de responsabilidad ni pago de derechos), cuando sea utilizado para fines educativos”.
El Congreso de este país aprobó esta ley que sólo espera la ratificación de la presidenta de la república, Laura Chinchilla, para ser instrumentada.
Bajo el argumento populista de que “este cambio es necesario porque la Ley de Observancia de Derechos de Propiedad intelectual (8039), -reformada como consecuencia del TLC con EEUU-, estableció fuertes penas económicas y de cárcel que podrían obligar al cierre de las empresas de fotocopiado que prestan estos servicios indispensables para la educación de la gran mayoría de estudiantes que no cuentan con el poder económico para comprar todos los libros requeridos en sus procesos educativos”, se atropellan los derechos de autores y editores.
Esta ley significa regresar al concepto atribuido a Maquiavelo (autoría que nunca le fue comprobada) de que “el fin justifica los medios”.
Es grave que desde el órgano legislativo cuya función primordial es “proteger el estado de derecho”, se pretenda con una visión populista beneficiar el acceso a un derecho de una dimensión muy amplia y abstracta como lo es el “derecho a la educación”, pasando por encima de un derecho directo y específico como lo es el de propiedad intelectual de los creadores y así se legalice el despojo que de entrada rompe el sustento de la certeza jurídica que el órgano legislativo debe proteger como institución.
Esta ley roba a autores, editores y toda la red de distribución, el fruto de su trabajo, para que otro empresario, -que es el dueño del negocio de fotocopiado-, lucre con el esfuerzo ajeno.
Actualmente el empresario del fotocopiado corre el riesgo de ir a la cárcel por copiar obras protegidas por los derechos de propiedad intelectual, pero no el usuario, que en este caso es el estudiante o el profesor.
Equivale a autorizar que un enfermo, al que le asiste “el derecho a la salud”, pueda asaltar una farmacia para robar la medicina y este constituya un acto legal que no es penalizado.
El sentido común nos dice que no se puede impartir justicia a unos, cometiendo injusticia sobre otros.
Aterra pensar que la corta visión de los promotores de esta ley no permita identificar que ésto puede sentar el precedente para que un día las invasiones de tierras realizadas por los desposeídos y sectores sociales de ínfimo poder adquisitivo, no sean penalizadas, pues el principio básico de esta ley lo permite, lo cual llevaría a Costa Rica al caos.
Lo que no es penalizado, es legal, podemos inferir.
Otro aspecto importante a considerar es el significado de esta acción como parte del proceso formativo implícito en la educación, pues impacta el sistema de valores del estudiante.
La visión de que el fin justifica los medios es la esencia de la corrupción. No se puede formar un estudiante que llegue a ser un profesional sólido, -ética y moralmente-, a través de prácticas que legalizan el despojo de los derechos universalmente validados… lo cual por tanto representa una incongruencia.
De ahí a formar ciudadanos que igualmente como usufructuaron un producto intelectual de forma fraudulenta, consideren que dejar de pagar impuestos no es tan grave si no se obtuvieron las utilidades deseadas, sólo hay un paso. Por lo general la visión empresarial se caracteriza por el establecimiento de metas cada vez más altas y la insatisfacción por lo logrado en el presente, sería la justificación para la evasión fiscal.
Además denigra lo que es la razón de ser del sistema académico, -el conocimiento-, pues le demerita y resta valor. El libro es el símbolo indubitable del conocimiento y la cultura y degradarlo al nivel de ser copiado impunemente, significa que su contenido no tiene valor comercial.
Es transferir el derecho al usufructo del libro, -de sus creadores-, al fotocopiador quien se convierte en el único explotador con derechos económicos sobre la obra editorial.
Ante la sociedad y los empleadores se manda el mensaje de que los conocimientos tienen escaso valor comercial, lo cual se traducirá en una depreciación de los salarios para las actividades intelectuales dentro del ámbito empresarial lo cual podría impactar negativamente el desarrollo de la educación en ese país, en una época en que el mundo evoluciona hacia la “sociedad del conocimiento”.
Por último cabe destacar el impacto de esta medida, (la ley Villalta), en la imagen de Costa Rica.
En todo el mundo Costa Rica ha sido percibido como un país altamente civilizado y democrático al que incluso se le ha denominado “La Suiza de América”.
La desconfianza que puede generar esta ley sobre la inversión extranjera y las relaciones comerciales de este país puede ser de alto impacto negativo sobre su economía, incluso si en algún momento otro país intentase plantear una ley similar, la Ley Villalta en el extranjero se convertiría en la Ley Costa Rica, para significar el nada honroso mérito de haber sido el primer país que acepta una ley tan retrógrada como ésta.
Lo que debe servir a México esta experiencia que hoy vive Costa Rica, es para alertar de esta posibilidad y evitar que si algún legislador populista la propone, sea analizada con el rigor que el impacto que esta medida provocaría y la propuesta sea rechazada desde el inicio.
Ricardo Homs

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